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GLOBAL DiagonalDel
30
de enero al 12 de febrero de 2014
EMPRESAS
LA
CEMENTERA, PROPIEDAD DE FCC, EMPEZÓ LA QUEMA DE BASURAS EN
SEPTIEMBRE
Denuncias
por la incineración de
residuos
de Portland Valderrivas
está la incineradora,
cuenta con el índice más
alto de muertes por
enfermedad en las vías
respiratorias.
Ter García
Redacción
El
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado
por la Asociación de
Vecinos
de Morata de Tajuña y Ecologistas
en Acción contra la Comunidad
deMadrid por permitir la
incineración de residuos en la
planta
que Portland Valderrivas tiene a
dos kilómetros de la localidad.
Una
buena noticia para una población que
lleva luchando doce años contra
la incineración de residuos a las
puertas de sumunicipio. Portland
Valderrivas, una de las principales
cementeras del Estado y desde
2002 parte del grupo Fomento Construcciones
y Contratas (FCC), ya
intentó en 2001 usar residuos como combustible
en la fabricación de cemento
en la planta de El Alto, en Morata.
En esa ocasión, la movilización popular
paralizó el proyecto.
Pero la empresa volvió a intentarlo en 2011 con una nueva memoria ambiental en la que proponía de nuevo usar material derivado de residuos, plásticos, neumáticos, lodos de depuradora, harinas animales, biomasa y vehículos fuera de uso como combustible alternativo al coque Los vecinos acudieron a la Fiscalía General del Estado para denunciar el desarrollo del proyecto, pero el escrito, acompañado de más de 5.000 firmas, fue archivado a principios de 2013 y la Comunidad deMadrid dio en septiembre su visto bueno a la incineración de residuos, decisión sobre la que ahora tendrá que decidir el Tribunal Superior de Justicia. El argumento esgrimido desde la empresa, la búsqueda de competitividad de la planta para mantener los puestos de trabajo, no ha impedido que ésta lleve a cabodosExpedientes de Regulación de Empleo (ERE) que han dejado sin empleo a más de 1.400 trabajadores. Como documentación del recurso, los denunciantes presentan un estudio de la Universidad Carlos III que expone las consecuencias que tienen los gases
emitidos por las incineradoras de residuos en la salud de los habitantes de poblaciones cercanas y el aumento de las posibilidades de sufrir diversos tipos de cáncer.
“Ya tenemos bastante”, asiente a Diagonal LorenzoMora, presidente de la Asociación de Vecinos de
Morata de Tajuña. Este municipio tiene, a día de hoy, el índicemás alto demortalidad demujeres y elmayor de hombres por enfermedades de las ías respiratorias, según detalla el informe Atlas de mortalidad en España 1984-2004, publicado en julio por la fundación BBVA. “No nos cabe la menor duda de que estas cifras
son por la actividad de la cementera”, dicen desde la Asociación, que está dispuesta a ir hasta el Tribunal Europeo, por lo que están recaudando dinero para poder hacer frente a las tasas judiciales y otros gastos.No son los únicos que han acudido a la Justicia contra la incineración de residuos de Portland Valderrivas. En junio de 2013, 500 familias denunciaron al Gobierno de Navarra ante el Fiscal General del Estado por permitir que la cementera incinerara rePerPero la empresa volvió a intentarlo en 2011 con una nuevamemoria ambiental en la que proponía de nuevo usar material derivado de residuos, plásticos, neumáticos, lodos de depuradora, harinas animales, biomasa y vehículos fuera de uso como combustible alternativo al coque.
Los vecinos acudieron a la Fiscalía General del Estado para denunciar el desarrollo del proyecto, pero el escrito, acompañado de más de 5.000
firmas, fue archivado a principios de 2013 y la Comunidad deMadrid dio en septiembre su visto bueno a la incineración de residuos, decisión sobre la que ahora tendrá que decidir el Tribunal Superior de Justicia. El argumento esgrimido desde la empresa, la búsqueda de competitividad
de la planta para mantener los puestos de trabajo, no ha impedido que ésta lleve a cabo dosExpedientes de Regulación de Empleo (ERE) que han dejado sin empleo a más de 1.400 trabajadores. Como documentación del recurso, los denunciantes presentan un estudio de la Universidad Carlos III que expone las consecuencias que tienen los gases emitidos por las incineradoras de residuos en la salud de los habitantes de poblaciones cercanas y el aumento de las posibilidades de sufrir diversos tipos de cáncer.
“Ya tenemos bastante”, asiente a Diagonal LorenzoMora, presidente de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña. Este municipio tiene, a día de hoy, el índicemás alto demortalidad demujeres y elmayor de hombres por enfermedades de las vías respiratorias, según detalla el informe Atlas de mortalidad en España 1984-2004, publicado en julio por la fundación BBVA. “No nos cabe la menor duda de que estas cifras son por la actividad de la cementera”, dicen desde la Asociación, que está dispuesta a ir hasta el Tribunal Europeo, por lo que están recaudando dinero para poder hacer frente a las tasas judiciales y otros gastos.
No son los únicos que han acudido a la Justicia contra la incineración de residuos de Portland Valderrivas. En junio de 2013, 500 familias denunciaron al Gobierno de Navarra ante el Fiscal General de Estado por permitir que la cementera incinerara. En junio
de 2013, 500 familias denunciaron al
Gobierno de Navarra ante el
Fiscal General del Estado por permitir que
la cementera incinerara residuos en
su planta deOlazagutia.
La
quema de residuos enMorata ha comenzado
cuatro meses después de que
el Ayuntamiento anunciara su intención
de duplicar la capacidad
de
incineración en Valdemingómez, instalación
gestionada por el grupo ACS
a través de Tirmadrid, que recibe
los residuos de la capital, Arganda
y Rivas, y cuyas irregularidades también
han sido denunciadas por
colectivos de la zona. En2005,FCCse
introdujo también en
el negocio de Valdemingómez. El grupo
se hizo con el contrato para la construcción
de una de las dos plantas de
biometanización, la de Las
Dehesas,
por 25,6millones de euros, mientras
queACS –a través de sus filiales Urbaser
y Geocisa– y Sacyr se quedaban
con la construcción de la planta
de La Paloma por 25,4 millones. La
obra, financiada en un 80% por
fondos europeos, tardó siete años
en concluirse, con un coste final de
112millones de euros,más del doble
de lo contratado, para pasar a ser
explotada por lasmismas empresas que
las habían construido por 93 –FCC–
y 61millones de euros –Sacyr y
ACS–. De los 22millones previstos que
se iban a generar a través de la producción
de biogás con basura, en diciembre
elmunicipio sólo había ingresado 738.000
euros. En
2008, FCC siguió aumentando su
presencia en la gestión de residuos
deMadrid
con la adjudicación de
la construcción y explotación del complejo
de la Mancomunidad del Este
durante 24 años por 21,2 millones
por
año, un proyecto que se intentaría cambiar
de ubicación, con una
nueva instalación en Loeches, y en
el que se incluiría una planta de incineradora
con plasma. “Hicimos marchas
a Loeches y conseguimos que
se paralizara el proyecto”, explica Raquel
Ruiz, deMedio Ambiente Sol,
quien afirma que la Mancomunidad y
FCCtrabajan en otro proyecto de
instalación, también en Loeches.
“No nos quieren dar ningún tipo
de información, todo es totalmente opaco”,
afirma Ruiz. Lo
que sí se ha cerrado es la construcción de
un nuevo vaso del vertedero por
el que FCC cobrará 10,4millones de
euros. Después de tres denuncias interpuestas
ante el fiscal general
y de Medio Ambiente por irregularidades
y opacidad en la información sobre
las instalaciones, que
ya han sido archivadas, el colectivo presentó
una nueva denuncia ante
la Fiscalía contra la Corrupción y
la Criminalidad Organizada en la que
denunciaban a la Consejería de MedioAmbiente
y a los responsables de
la Mancomunidad del Este por trato
de favor a FCC.
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